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Por Guillermo Ulloa Tenorio
geulloa2@gmail.com @geulloa |
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PLEBISCITO del 25 al 31 de mayo 2020
PRINCIPIOS, VALORES, ÉTICA Y CORRUPCIÓN
Desde que el hombre empezó a convivir con sus semejantes desarrolló una serie de normas y estilos de vida dirigidos a regir su conducta en sociedad. El triduo de antiguos filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, fueron precursores en esbozar el sistema de normas o leyes, basados en principios, valores y ética para el correcto funcionamiento de la convivencia.
La normatividad fue evolucionando. En principio fundamentado a través de doctrinas teológicas. La Biblia en el judaísmo y cristianismo, el Corán en las culturas islámicas y el Canon Pali en el budismo, son manuscritos que esbozan disciplina, obediencia y perfiles de convivencia para ser implementados, con fe y devoción, por sus creyentes seguidores. En ellos se enfatiza la diferencia entre el bien y el mal. Se gratifica el bien y fustiga el mal. Los fundamentos teológicos profesan armónica, pacífica y solidaria convivencia entre semejantes mientras se prepara la evolución individual de la mortalidad hacia el desconocido cosmos después de la muerte.
Con el desarrollo y crecimiento de las culturas, transformándose de estados barbáricos hacia sociedades más civilizadas y eventualmente democráticas, se fueron formando códigos de convivencia. La normatividad se plasmó en textos jurídicos-políticos. La Carta Magna de 1215, fue el primer esbozo de una constitución, como se conoce en el mundo contemporáneo. En la constitución se establecen derechos, libertades y obligaciones de los ciudadanos.
La Constitución Colombiana, sus decretos reglamentarios, modificaciones, jurisprudencia y aclaraciones, son fundamentales para su interpretación, sometimiento jurídico, disciplina y obediencia como regente principal de concordia nacional.
La función pública, delimitada constitucionalmente, entre los tres poderes, no impide nombramientos de funcionarios, entrelazados familiarmente, con algunas excepciones para actores del poder legislativo. Aquí existe claridad de impedimentos entre funcionarios nombrados y aquellos elegidos por voto popular. Sin embargo, en la practica y acontecer de la política tradicional es común encontrar el acomodo de familiares, impulsados por sus allegados legisladores, en todos los niveles de la administración pública y cargos diplomáticos.
En las últimas semanas, el país ha conocido, una serie de nombramientos, que, no obstante, no existir impedimentos jurídicos, se genera la negligente inobservancia de principios, valores y ética debemos atesorar como sociedad.
La esposa del senador Roy Barreras, Gloria Arizabaleta, es funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, desde hace seis años. Recientemente se produjo su traslado de Cali a Bogotá, para ejercer funciones de mayor cercanía al Fiscal General. Su preparación profesional no esta en duda, pero deja un manto de perplejidad, su relación sentimental, con su marido, investigado por ese mismo organismo.
Parece que este suceder es común en la familia Barreras. El hijo del senador, Roy Alejandro, es actual Director del Departamento de Planeación de Cali, cargo que asumió a principios de este año. No tuvo inconveniente ético de aceptar la designación, pese a que su esposa era Directora de Planeación del Departamento del Valle, cargo ejercido desde el año pasado y ratificado por la gobernadora Roldán. Tampoco hay duda sobre la formación académica y profesional de ambos funcionarios, solo inquietudes de ética y moral.
En el Ministerio del Interior fue nombrado recientemente, el abogado Jorge Tovar Vélez, Director de la Dirección de Atención a Víctimas. Aunque viene laborando exitosamente, en virtud a su formación académica en temas relacionados, aportando su experiencia en el Departamento del Cesar y su capital Valledupar, el hecho de ser hijo de Jorge 40, un reconocido comandante del desmovilizado bloque Norte de las Autodefensas, es una bruma para la Ministra Arango, quien debía haber evitado las suspicacias que la nominación generó.
Al igual que los otros casos mencionados, no existe inhabilidad alguna, solo cuestionamiento filosófico de principios, valores y ética.
Por último, no quería dejar pasar desde esta tribuna, el categórico rechazo a la descomposición en el actuar de algunos gobernantes y cómplices contratistas privados. Aprovechando la desgracia del más necesitado, y con recursos de todos los contribuyentes, abusivamente permitieron irregularidades contractuales, comprando alimentos y elementos, con sobrecostos fácilmente comprobables.
La tarea de los entes de control se pone a prueba nuevamente. Ojalá las sanciones sean ejemplarizantes.
Difícilmente acabaremos con la galopante corrupción, ante el desvanecimiento de principios, valores y ética, si no se actúa con vehemencia, moral y autoridad.
Desde que el hombre empezó a convivir con sus semejantes desarrolló una serie de normas y estilos de vida dirigidos a regir su conducta en sociedad. El triduo de antiguos filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, fueron precursores en esbozar el sistema de normas o leyes, basados en principios, valores y ética para el correcto funcionamiento de la convivencia.
La normatividad fue evolucionando. En principio fundamentado a través de doctrinas teológicas. La Biblia en el judaísmo y cristianismo, el Corán en las culturas islámicas y el Canon Pali en el budismo, son manuscritos que esbozan disciplina, obediencia y perfiles de convivencia para ser implementados, con fe y devoción, por sus creyentes seguidores. En ellos se enfatiza la diferencia entre el bien y el mal. Se gratifica el bien y fustiga el mal. Los fundamentos teológicos profesan armónica, pacífica y solidaria convivencia entre semejantes mientras se prepara la evolución individual de la mortalidad hacia el desconocido cosmos después de la muerte.
Con el desarrollo y crecimiento de las culturas, transformándose de estados barbáricos hacia sociedades más civilizadas y eventualmente democráticas, se fueron formando códigos de convivencia. La normatividad se plasmó en textos jurídicos-políticos. La Carta Magna de 1215, fue el primer esbozo de una constitución, como se conoce en el mundo contemporáneo. En la constitución se establecen derechos, libertades y obligaciones de los ciudadanos.
La Constitución Colombiana, sus decretos reglamentarios, modificaciones, jurisprudencia y aclaraciones, son fundamentales para su interpretación, sometimiento jurídico, disciplina y obediencia como regente principal de concordia nacional.
La función pública, delimitada constitucionalmente, entre los tres poderes, no impide nombramientos de funcionarios, entrelazados familiarmente, con algunas excepciones para actores del poder legislativo. Aquí existe claridad de impedimentos entre funcionarios nombrados y aquellos elegidos por voto popular. Sin embargo, en la practica y acontecer de la política tradicional es común encontrar el acomodo de familiares, impulsados por sus allegados legisladores, en todos los niveles de la administración pública y cargos diplomáticos.
En las últimas semanas, el país ha conocido, una serie de nombramientos, que, no obstante, no existir impedimentos jurídicos, se genera la negligente inobservancia de principios, valores y ética debemos atesorar como sociedad.
La esposa del senador Roy Barreras, Gloria Arizabaleta, es funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, desde hace seis años. Recientemente se produjo su traslado de Cali a Bogotá, para ejercer funciones de mayor cercanía al Fiscal General. Su preparación profesional no esta en duda, pero deja un manto de perplejidad, su relación sentimental, con su marido, investigado por ese mismo organismo.
Parece que este suceder es común en la familia Barreras. El hijo del senador, Roy Alejandro, es actual Director del Departamento de Planeación de Cali, cargo que asumió a principios de este año. No tuvo inconveniente ético de aceptar la designación, pese a que su esposa era Directora de Planeación del Departamento del Valle, cargo ejercido desde el año pasado y ratificado por la gobernadora Roldán. Tampoco hay duda sobre la formación académica y profesional de ambos funcionarios, solo inquietudes de ética y moral.
En el Ministerio del Interior fue nombrado recientemente, el abogado Jorge Tovar Vélez, Director de la Dirección de Atención a Víctimas. Aunque viene laborando exitosamente, en virtud a su formación académica en temas relacionados, aportando su experiencia en el Departamento del Cesar y su capital Valledupar, el hecho de ser hijo de Jorge 40, un reconocido comandante del desmovilizado bloque Norte de las Autodefensas, es una bruma para la Ministra Arango, quien debía haber evitado las suspicacias que la nominación generó.
Al igual que los otros casos mencionados, no existe inhabilidad alguna, solo cuestionamiento filosófico de principios, valores y ética.
Por último, no quería dejar pasar desde esta tribuna, el categórico rechazo a la descomposición en el actuar de algunos gobernantes y cómplices contratistas privados. Aprovechando la desgracia del más necesitado, y con recursos de todos los contribuyentes, abusivamente permitieron irregularidades contractuales, comprando alimentos y elementos, con sobrecostos fácilmente comprobables.
La tarea de los entes de control se pone a prueba nuevamente. Ojalá las sanciones sean ejemplarizantes.
Difícilmente acabaremos con la galopante corrupción, ante el desvanecimiento de principios, valores y ética, si no se actúa con vehemencia, moral y autoridad.
PLEBISCITO Por Guillermo Ulloa Tenorio
(Columna Anterior)
(Columna Anterior)
VISIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE CALI
Un grupo de profesionales, aprovechando el espacio de participación ciudadana, aportando experiencia, conocimiento de ciudad, y desde la óptica multidisciplinaria de sus profesiones, han presentado una ponencia al Concejo de la ciudad, complementando el Proyecto del Plan de Desarrollo de Cali 2020-2023.
La consideración fundamental es la organización del territorio mediante la conurbación de una área metropolitana, con un eje urbano y regional, que agrupe en una primera etapa cinco municipios lindantes con Cali
La visión debe divisar un desarrollo ordenado y planificado con enfoque a largo plazo, contemplando el crecimiento mediante un plan director al año 2050. Es importante incluir en esta perspectiva, como meta en el mediano plazo, el hito histórico de conmemoración, en 2036, de 500 años de la fundación de Cali.
La inexistencia de una área metropolitana, como se contempla en la ley 1625 de 2012 y normas complementarias, han dificultado la expansión organizada de servicios públicos, transporte, movilidad, infraestructura vial e integración de sistemas de salud y educación.
Por falta de una plataforma metropolitana, EMCALI, ha planificado su crecimiento dentro del límite municipal. No obstante, atiende algunas necesidades puntuales de municipios vecinos. Desaprovecha la fortaleza de economías de escala, cuando puede utilizar eficientemente las plantas Rio Cauca y Puerto Mallarino, fácilmente supliendo necesidades de agua potable a Yumbo. La construcción de una planta de acueducto en el sur del Departamento alcanzaría a satisfacer la demanda de Jamundí, las zonas de expansión y laderas caleñas, liberando el alto costo de rebombeo y transporte de su actual distribución.
La contaminación del Rio Cauca debe ser solucionada mediante la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales escalonadas a su paso por los municipios, de sur a norte, evitando las cargas arrojadas actualmente. Infraestructura que debe ser acometida por una fortalecida empresa de servicios públicos metropolitana.
El enfoque de una extendida área metropolitana proporciona posibilidad, a la empresa metropolitana de servicios públicos, alternativas en generación de energía solar, eólica, limpia y renovable, e interconexión con la cogeneración del sector agroindustrial.
La constitución del área metropolitana del sur del Valle del Cauca facilitaría la integralidad de los diferentes sistemas de transporte masivo de pasajeros municipales, cobijados por una sola autoridad de transporte, incluido el proyectado tren de cercanías, que uniría los municipios de Jamundí, Cali, Yumbo y Palmira, utilizando el actual, subutilizado corredor férreo y un ramal de servicio al aeropuerto regional de Palmaseca.
El alcalde Ospina tiene la oportunidad histórica de implementar la ponencia a su plan de desarrollo.
Transformaría la caótica problemática actual en ejemplo de conurbación planificada, pasando de la retórica ciudad-región, a una realidad palpable.
Un grupo de profesionales, aprovechando el espacio de participación ciudadana, aportando experiencia, conocimiento de ciudad, y desde la óptica multidisciplinaria de sus profesiones, han presentado una ponencia al Concejo de la ciudad, complementando el Proyecto del Plan de Desarrollo de Cali 2020-2023.
La consideración fundamental es la organización del territorio mediante la conurbación de una área metropolitana, con un eje urbano y regional, que agrupe en una primera etapa cinco municipios lindantes con Cali
La visión debe divisar un desarrollo ordenado y planificado con enfoque a largo plazo, contemplando el crecimiento mediante un plan director al año 2050. Es importante incluir en esta perspectiva, como meta en el mediano plazo, el hito histórico de conmemoración, en 2036, de 500 años de la fundación de Cali.
La inexistencia de una área metropolitana, como se contempla en la ley 1625 de 2012 y normas complementarias, han dificultado la expansión organizada de servicios públicos, transporte, movilidad, infraestructura vial e integración de sistemas de salud y educación.
Por falta de una plataforma metropolitana, EMCALI, ha planificado su crecimiento dentro del límite municipal. No obstante, atiende algunas necesidades puntuales de municipios vecinos. Desaprovecha la fortaleza de economías de escala, cuando puede utilizar eficientemente las plantas Rio Cauca y Puerto Mallarino, fácilmente supliendo necesidades de agua potable a Yumbo. La construcción de una planta de acueducto en el sur del Departamento alcanzaría a satisfacer la demanda de Jamundí, las zonas de expansión y laderas caleñas, liberando el alto costo de rebombeo y transporte de su actual distribución.
La contaminación del Rio Cauca debe ser solucionada mediante la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales escalonadas a su paso por los municipios, de sur a norte, evitando las cargas arrojadas actualmente. Infraestructura que debe ser acometida por una fortalecida empresa de servicios públicos metropolitana.
El enfoque de una extendida área metropolitana proporciona posibilidad, a la empresa metropolitana de servicios públicos, alternativas en generación de energía solar, eólica, limpia y renovable, e interconexión con la cogeneración del sector agroindustrial.
La constitución del área metropolitana del sur del Valle del Cauca facilitaría la integralidad de los diferentes sistemas de transporte masivo de pasajeros municipales, cobijados por una sola autoridad de transporte, incluido el proyectado tren de cercanías, que uniría los municipios de Jamundí, Cali, Yumbo y Palmira, utilizando el actual, subutilizado corredor férreo y un ramal de servicio al aeropuerto regional de Palmaseca.
El alcalde Ospina tiene la oportunidad histórica de implementar la ponencia a su plan de desarrollo.
Transformaría la caótica problemática actual en ejemplo de conurbación planificada, pasando de la retórica ciudad-región, a una realidad palpable.
PLEBISCITO Por Guillermo Ulloa Tenorio
(Columna Anterior)
(Columna Anterior)
¿CÓMO SE ASUMIRÁ EL COSTO DE LA PANDEMIA?
El mundo enfrenta la más compleja pandemia que la historia contemporánea conoce. Los países han venido combatiendo, algunos con mayor éxito que otros, la devastadora enfermedad. El estado se ocupó del problema con altruismo y solidaridad, encauzando sus esfuerzos hacia la prevención de la propagación del virus apoyando y privilegiando la vida de su población.
El inicial aislamiento preventivo y después obligatorio ha tenido efectos catastróficos para la economía. Algunos sectores han sido afectados profundamente y otros apenas sobreviven. El gobierno asumió y dictó medidas favoreciendo la población más vulnerable, irrigando cuantiosos recursos, con cargo al erario, delegando a los entes departamentales y municipales su distribución equitativa. Serán las autoridades competentes de control las indicadas para establecer si existieron abusos o indicios de corrupción.
La solidaridad desplegada por el estado encontró eco en el sector productivo privado. A cuantiosas contribuciones filantrópicas, se generaron espontáneamente aportes de asalariados del régimen privado y público. La población, en general, entregó incalculables y bien recibidas ayudas a los más necesitados. Destacadas figuras artísticas también se unieron desplegando sus talentos recaudando recursos en eventos multitudinarios transmitidos virtualmente.
Sin embargo, después de varios meses, y ante una economía agrietada, los sectores productivos privados, a todo nivel, y al unísono, manifiestan la imperiosa necesidad de alivios fiscales y tributarios. A la vez solicitan recursos del estado para sobrellevar la difícil situación que afrontan.
Aún es prematuro conocer cifras, diagnósticos y proyecciones del costo de la pandemia en recursos entregados y por entregar a futuro, con cargo al estado, sea nacional o territorial.
En primer lugar, y a medida que paulatinamente se retorna a la normalidad de la actividad económica surge la pregunta lógica; ¿cuánto tiempo será mantenida la ayuda coyuntural asistencialista dirigida a la población vulnerable?
El sector productivo no tendrá la misma dinámica y capacidad de aportar recursos tributarios. La contracción de la economía implica una disminución en el recaudo de impuestos indirectos. Las exportaciones de petróleo e hidrocarburos, sostén de la economía, atraviesan por la difícil encrucijada de un elevado sobrante de inventario repercutiendo en su precio. La ilusión de un floreciente turismo no será realidad a corto plazo. El desempleo global afectará el rubro de remesas que perciben cientos de miles de familias colombianas de familiares residenciados en el exterior. El crecimiento económico proyectado del producto interno bruto, fundamentado en la disminución del consumo, se estima apenas llegaría al 1%.
La coyuntura conlleva una precaria situación fiscal del estado.
El reto que enfrentan los gobiernos del nivel nacional, departamental y municipal es titánico.
Una vez superada la crisis pandémica, el desafío macroeconómico del costo, requiere toma de decisiones transcendentales. La contracción económica conlleva considerar la enajenación de improductivos bienes del estado, en todos sus niveles; nacional, departamental y municipal.
Entre las posibilidades de enajenación esta la participación accionaria de la nación en 105 entidades por valor de $ 170 billones. Encabeza la lista el 8,9% aprobado en venta en Ecopetrol; 51,41% de ISA; 73,37% de la Financiera de Desarrollo Nacional; 65,34% de Finagro; 40,57% de Telecaribe; 86% en Artesanías de Colombia; 83% en Electrohuila; 72% en Electrocaquetá; 20,47% en Corabastos y 72% en TV Andina, entre otras. Posee 64,000 activos incautados al narcotráfico e innumerable participación accionaria en pequeños y medianos institutos descentralizados del orden departamental y municipal en todo el territorio nacional.
Los departamentos deben considerar la venta de sus licoreras, canales regionales, loterías, institutos financieros e incalculables bienes improductivos, muchos de ellos percibiendo irrisorios cánones de arrendamiento o entregados en comodato.
En los municipios debe retomarse agresivamente la venta de subutilizados inmuebles recibidos en parte de pago. Deben buscar la negociación de sus participaciones accionarias en infinidad de entidades incluyendo empresas de servicios públicos, de intermediación y de generación energética.
Asumiendo una postura realista, la solución y decisión está en manos del estado.
El mundo enfrenta la más compleja pandemia que la historia contemporánea conoce. Los países han venido combatiendo, algunos con mayor éxito que otros, la devastadora enfermedad. El estado se ocupó del problema con altruismo y solidaridad, encauzando sus esfuerzos hacia la prevención de la propagación del virus apoyando y privilegiando la vida de su población.
El inicial aislamiento preventivo y después obligatorio ha tenido efectos catastróficos para la economía. Algunos sectores han sido afectados profundamente y otros apenas sobreviven. El gobierno asumió y dictó medidas favoreciendo la población más vulnerable, irrigando cuantiosos recursos, con cargo al erario, delegando a los entes departamentales y municipales su distribución equitativa. Serán las autoridades competentes de control las indicadas para establecer si existieron abusos o indicios de corrupción.
La solidaridad desplegada por el estado encontró eco en el sector productivo privado. A cuantiosas contribuciones filantrópicas, se generaron espontáneamente aportes de asalariados del régimen privado y público. La población, en general, entregó incalculables y bien recibidas ayudas a los más necesitados. Destacadas figuras artísticas también se unieron desplegando sus talentos recaudando recursos en eventos multitudinarios transmitidos virtualmente.
Sin embargo, después de varios meses, y ante una economía agrietada, los sectores productivos privados, a todo nivel, y al unísono, manifiestan la imperiosa necesidad de alivios fiscales y tributarios. A la vez solicitan recursos del estado para sobrellevar la difícil situación que afrontan.
Aún es prematuro conocer cifras, diagnósticos y proyecciones del costo de la pandemia en recursos entregados y por entregar a futuro, con cargo al estado, sea nacional o territorial.
En primer lugar, y a medida que paulatinamente se retorna a la normalidad de la actividad económica surge la pregunta lógica; ¿cuánto tiempo será mantenida la ayuda coyuntural asistencialista dirigida a la población vulnerable?
El sector productivo no tendrá la misma dinámica y capacidad de aportar recursos tributarios. La contracción de la economía implica una disminución en el recaudo de impuestos indirectos. Las exportaciones de petróleo e hidrocarburos, sostén de la economía, atraviesan por la difícil encrucijada de un elevado sobrante de inventario repercutiendo en su precio. La ilusión de un floreciente turismo no será realidad a corto plazo. El desempleo global afectará el rubro de remesas que perciben cientos de miles de familias colombianas de familiares residenciados en el exterior. El crecimiento económico proyectado del producto interno bruto, fundamentado en la disminución del consumo, se estima apenas llegaría al 1%.
La coyuntura conlleva una precaria situación fiscal del estado.
El reto que enfrentan los gobiernos del nivel nacional, departamental y municipal es titánico.
Una vez superada la crisis pandémica, el desafío macroeconómico del costo, requiere toma de decisiones transcendentales. La contracción económica conlleva considerar la enajenación de improductivos bienes del estado, en todos sus niveles; nacional, departamental y municipal.
Entre las posibilidades de enajenación esta la participación accionaria de la nación en 105 entidades por valor de $ 170 billones. Encabeza la lista el 8,9% aprobado en venta en Ecopetrol; 51,41% de ISA; 73,37% de la Financiera de Desarrollo Nacional; 65,34% de Finagro; 40,57% de Telecaribe; 86% en Artesanías de Colombia; 83% en Electrohuila; 72% en Electrocaquetá; 20,47% en Corabastos y 72% en TV Andina, entre otras. Posee 64,000 activos incautados al narcotráfico e innumerable participación accionaria en pequeños y medianos institutos descentralizados del orden departamental y municipal en todo el territorio nacional.
Los departamentos deben considerar la venta de sus licoreras, canales regionales, loterías, institutos financieros e incalculables bienes improductivos, muchos de ellos percibiendo irrisorios cánones de arrendamiento o entregados en comodato.
En los municipios debe retomarse agresivamente la venta de subutilizados inmuebles recibidos en parte de pago. Deben buscar la negociación de sus participaciones accionarias en infinidad de entidades incluyendo empresas de servicios públicos, de intermediación y de generación energética.
Asumiendo una postura realista, la solución y decisión está en manos del estado.
